Preguntas Frecuentes
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Si una empresa cambia de razón social o es absorbida por otra, los trabajadores conservan sus contratos y derechos laborales. Cualquier modificación sustancial en condiciones debe ser justificada y aceptada por el empleado.
Si una empresa cierra y deja de pagar salarios o indemnizaciones, los trabajadores pueden reclamar sus derechos ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o interponer una demanda contra los administradores si hubo fraude.
Si la tarea asignada no se encuentra en el contrato y representa un cambio significativo en las condiciones de trabajo, el empleado puede impugnar la orden y exigir que se respete su puesto original.
Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a la protección laboral, incluyendo permisos por maternidad, adaptación del puesto de trabajo y prohibición de despido por embarazo.
Sí, los pluses salariales establecidos en el contrato o convenio colectivo deben pagarse obligatoriamente. Si el empleador no lo hace, se puede reclamar ante la empresa o la inspección de trabajo.
Si una empresa entra en concurso de acreedores, los trabajadores tienen derecho a cobrar los salarios adeudados a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). También pueden reclamar indemnizaciones por despido si la empresa cesa su actividad.
Si un empleador despide a un trabajador sin una causa válida, este puede reclamar indemnización por despido improcedente. Dependiendo del caso, puede exigir reincorporación o una compensación económica. Es recomendable acudir a un abogado especializado en derecho laboral para evaluar las opciones legales disponibles.
Si un empleador no paga los salarios en el plazo estipulado, el trabajador puede presentar una reclamación ante la inspección de trabajo o interponer una demanda laboral. La ley permite exigir el pago de los salarios adeudados junto con intereses o recargos adicionales.
Ante una situación de acoso laboral, el trabajador debe recopilar pruebas (correos, mensajes, testimonios) y denunciar el caso ante la empresa o entidades competentes como la inspección de trabajo. Un abogado laboralista puede asesorar sobre los pasos a seguir y las posibles acciones legales.
En la mayoría de los casos, el plazo para impugnar un despido improcedente es de 20 días hábiles desde la fecha de notificación. Si se deja pasar este tiempo, se pierde el derecho a reclamar. Es importante contactar a un abogado lo antes posible para preparar la reclamación.